| La Minuta
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|  El próximo viernes 14 de febrero se realizará en Oaxaca el “Conversatorio: Justicia Ambiental y Acuerdo de Escazú”, el cual tiene como propósito generar un espacio de formación y capacitación para personas defensoras sobre este importante acuerdo firmado por el Gobierno mexicano, así como las implicaciones que tiene para el trabajo de defensa del territorio y medio ambiente.
Marcos Leyva, director de EDUCA, una de las organizaciones convocantes, señaló que se trata de una jornada de actividades que incluye el taller: “Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos”, este es un evento cerrado y quienes quiera participar tienen que registrase en línea. La segunda actividad es el “Conversatorio: Justicia Ambiental y Acuerdo de Escazú”. Ambas actividades se realizarán en las instalaciones del CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. “El Acuerdo de Escazú es el primer tratado vinculante que incluye disposiciones sobre personas defensoras del medio ambiente. El Acuerdo obliga a los Estados a tomar medidas efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de personas defensoras de derechos humanos en cuestiones medioambientales e investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones en su contra.” Marcos Leyva, comentó que el de Escazú es un acuerdo poco conocido, incluso por el propio gobierno, por ello el conversatorio pretende abonar a un mayor conocimiento de este tratado por parte de las personas defensoras para hacerlo exigible al Estado. “En el país por mucho tiempo se dijo que México firmaba todos los convenios internacionales existentes, pero poco se aplicaban a los casos concretos. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú costó mucho trabajo diplomático para el gobierno lo firmara”, asentó Leyva Madrid. Tanto el conversatorio como el taller son convocados por la organización Artículo 19, el Observatorio Comunitario del Agua y Medio Ambiente, la organización EDUCA y el CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca. Estas actividades se realizan en un contexto complejo y hostil para el trabajo de defensa de los territorios. Oaxaca en uno de los estados donde se criminaliza y se vulnera a los defensores del medio ambiente y a los activistas en defensa de la tierra y el territorio, de ahí la importancia de estas actividades. El taller “Mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos”, se realizará de 9 a 12 hrs. y el Conversatorio “Justicia Ambientar y Acuerdos de Escazú” a partir de las 13 hrs, del conversatorio habrá trasmisión en redes sociales. Mayor Información: Conversatorio Justicia Ambiental y Acuerdo de Escazú |
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|  Las organizaciones que integran el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, critican la iniciativa de reforma constitucional que presentó Claudia Sheinbaum para declarar el maíz “como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional”. El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo afirma que la iniciativa “no protege a cabalidad nuestros maíces y los sigue dejando a merced de las empresas transnacionales semilleras y sus nuevas tecnologías de modificación genética”.
Explican que el cabildeo que realiza la industria biotecnológica prefiere que se le llame ”edición genómica” a los organismos producidos con las tecnologías Crispr-Cas9, Talen y otras, “para que no queden regulados por las leyes sobre los desprestigiados transgénicos u OGMs” (organismos genéticamente modificados) y en consecuencia puedan ser liberados al ambiente sin pasar por evaluaciones de riesgo a la salud humana y al ambiente. “Los transgénicos son una tecnología obsoleta”, afirmó en 2016 el Dr. José Graziano da Silva, entonces director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO). El Espacio Estatal pregunta: “¿Por qué llevar a la Constitución una regulación sobre una tecnología obsoleta?” La iniciativa presidencial “tampoco protege la salud de la población mexicana al dejar que los granos de maíz OGM entren a nuestro país”. Esto para ser utilizados por la industria, ya que “la mayoría de alimentos chatarra, aceites comestibles y substitutos de azúcar para refrescos, entre otros, se producen con granos OGM”, entre ellos el maíz genéticamente modificado. Además, reitera que “es urgente transitar de la agricultura convencional de paquetes tecnológicos que contienen semillas artificiales y agrotóxicos que ya enferman cuerpos de niños y campesinos, a la adopción de sistemas agroecológicos y tradicionales”. Pronunciamiento en Defensa de los Maíces Nativos Mexicanos (Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca) | Antecedente La Minuta Presenta Sheinbaum reforma constitucional sobre protección del maíz, organizaciones la critican como retroceso | Espacio Social. Amenazas en la era Trump: Derechos Humanos, Migración, Maíz | Foto: Pie de Página |
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|  Luego de la polémica desata en redes sociales tras la publicación de una convocatoria para realizar el “camping Zempoaltepetl”, la autoridad municipal de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, emitió un comunicado donde enfatizaron que en base a su estatuto comunitario las actividades “que desvirtúen el uso de los espacios y recursos, que se transformen en productos comercializables” están totalmente restringidas, por lo que “no se permitiría el desarrollo de su actividad”.
La convocatoria emitida por el grupo Hikers: Senderismo Oaxaca estaba planeada para los días 1 y 2 de febrero en uno de los cerros sagrados más importantes de la región alta ayuujk, tenía un costo por persona de $450 pesos que incluía transporte, esto desato fuertes críticas en redes sociales por su sentido turístico y comercial. En el comunicado las autoridades señalan “Son tiempos complejos para nuestras comunidades, históricamente marginadas y bajo acoso de diversa índole. Quienes hacemos y tejemos la vida a diario aquí: trabajando, prestando servicios comunitarios, festejando la vida, somos conscientes de los retos de estos tiempos… refrendamos nuestro compromiso de velar por los intereses de nuestra comunidad como nos lo mandató la asamblea de comuneros». También aclararon que la actividad no fue informada a las autoridades correspondientes, se enteraron por la difusión en redes sociales, por lo que ni ellos “ni los comuneros recibieron pago o compensación alguna, antes o después de emitir el presente”. “Los visitantes serán siempre bienvenidos en tanto no atenten contra la vida en la comunidad, contra la identidad, ni contra los territorios ancestrales a través de las banalización y folklorización de estos espacios” finalizaron en su comunicado. El cerro de Cempoaltépetl es un lugar muy importante para los pueblos Ayuujk, donde aún se realizan rituales y ceremonias propias de las comunidades que lo rodean. Además es uno de los cerros más altos de Oaxaca. En revistas como México Desconocido se oferta como sitio turístico. Comunicado completo Facebook | Paola Flores Autoridades comunitarias de Tlahuitoltepec se rehúsan a comercializar el Cempoaltépetl | La Minuta Agenda 2025, “Los lugares sagrados alimentan la relación que las comunidades establecen con el territorio” – EDUCA |
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|  Autoridades del ayuntamiento de Cholula Puebla no cumplieron con los acuerdos que asumió con las comunidades que exigen el plan de abandono del basurero intermunicipal que ha contaminado sus mantos freáticos entre otros daños, denunció en un comunicado la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua.
Las autoridades “nos dicen que confiemos en ellos, que son otro gobierno, que están comprometidos con el medio ambiente, pero nosotros lo que vemos es que quieren que siga prevaleciendo el interés empresarial sobre el bienestar de los pueblos cholultecas” señalaron. Los pueblos cholultecas que desde marzo del año pasado cuando comenzaron su lucha contra “el basurero de muerte” como le llaman, han impedido las operaciones del basurero de Cholula a causa de la contaminación al agua y la tierra que ha provocado durante varios años. Denunciaron que el ayuntamiento sólo ha cumplido 25 por ciento de los acuerdos realizados el pasado 10 de enero tras una reunión con la presidenta municipal Tonantzin Fernández para discutir el plan de abandono del “mal llamado relleno sanitario”, el cual fue clausurado de manera definitiva el 21 de agosto. Además, tampoco se dictaminó sobre el relleno del socavón realizado de forma ilegal en la zona en el expediente administrativo de clausura ni han iniciado los estudios de contaminación acordados, añadieron los pueblos. El ayuntamiento, señalaron, “explicó que sobre el socavón no pueden dictaminar porque las excavaciones de más de mil metros cúbicos requieren manifiesto de impacto ambiental federal y por tanto es competencia de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), sin embargo, en minuta de la Unión de Pueblos con Segob (Secretaría de Gobernación) federal y la Profepa el 15 de enero de 2025, la Profepa manifestó que el socavón es competencia del municipio”. Ante la controversia entre el ayuntamiento y la Profepa, el próximo 7 de febrero se llevará a cabo una reunión, en la que también participarán la Unión de Pueblos, además informó al Gobierno Municipal su decisión sobre la propuesta del gobierno municipal de realizar una mesa de trabajo con Gobierno del Estado “con motivo de las declaraciones realizadas por la Secretaria de Medio Ambiente donde señaló que sería esta semana que se aperturarían las mesas de dialogo con los pueblos cholultecas sobre el basurero, con la participación del Secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la titular de la SMADSOT Rebeca Bañuelos, aceptamos tal mesa de trabajo y quedamos a la espera de la fecha para su realización” afirmaron. Por lo que nos encontramos a la espera de que el municipio nos notifique esta semana de la fecha de reunión: La decisión de los pueblos esta tomada desde el 14 de mayo de 2024, ¡Ni un kilo mas de basura! Comunicado completo Autoridades priorizan “interés empresarial sobre el bienestar de los pueblos”: comunidades contra el basurero de Cholula – Desinformémonos |
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|  Tras casi tres años de un litigio impulsado por organizaciones de sociedad civil que documentan casos y acompañan a víctimas de tortura en México, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia dentro del recurso de revisión 458/2023 en la que se ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) la expedición del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT) en cumplimiento con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT).
La resolución deriva del juicio de amparo indirecto 568/2022, ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, en el que organizaciones integrantes del Observatorio contra la Tortura denunciaron la omisión de la FGR en cumplir con el plazo de 180 días establecido para la emisión del Programa; conforme a lo estipulado en el artículo quinto transitorio de la Ley, la cual entró en vigor desde junio de 2017. En cumplimiento de la sentencia del tribunal de alzada, el Juzgado ha ordenado a FGR publicar en 10 días hábiles el PNT. Desde 2019, las organizaciones promoventes junto con un grupo amplio de la sociedad civil sostuvieron diversas mesas de trabajo –con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)– con diversas autoridades, incluyendo la FGR y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y organismos públicos de derechos humanos, para la construcción participativa del PNT, incluyendo un diagnóstico que reconoce la persistente práctica de tortura en el país, así como la definición de propuestas de objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores e instrumentos de seguimiento de evaluación, definidos en un Comité Directivo. Lamentablemente y, a pesar del trabajo conjunto para la conclusión del PNT, al día de hoy éste no se ha publicado. En su resolución, el Tribunal destacó que el diseño y la elaboración del Programa Nacional requieren de la participación de las autoridades competentes y de la sociedad civil y da cuenta de los esfuerzos para la conclusión del PNT, pero enfatiza que la expedición del programa es una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República. Así, el Tribunal Colegiado reconoce que la omisión de la FGR no solo constituye una vulneración a los derechos de las víctimas de tortura, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a contar con políticas públicas efectivas que garanticen la erradicación de esta práctica. Además, reconoce que las organizaciones cuentan con interés legítimo para exigir el cumplimiento de esta obligación, al representar un interés colectivo en la defensa de los derechos humanos. La FGR tiene la obligación de publicar el Programa Nacional conforme a lo ordenado dentro de los siguientes 10 días hábiles y garantizar una adecuada implementación del mismo, en coordinación con todas las instituciones del Estado, en particular de todas las instancias de procuración de justicia a nivel nacional. Comunicado Tribunal ordena a la FGR la publicación inmediata del Programa Nacional contra la Tortura | Fundar, Centro de Análisis e Investigación | La Jornada: Ordena tribunal a la FGR expedir programa contra la tortura | Tribunal ordena a la FGR expedir el Programa Nacional contra la Tortura – RTv Noticias Morelos | Fotografía del portal Plumas Libres |
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|  Judith Garza Rangel, una empleada de la empresa siderúrgica Ternium será la encargada de “comandar” el bloque de empresarios que aconsejarán a gobierno mexicano en las negociaciones comerciales para la revisión del tratado de libre comercio T-MEC.
La economista del TEC de Monterrey se desempeñará como coordinadora del “Cuarto de Junto” de negociaciones comerciales internacionales. Este gremio es un grupo de representantes y personas de confianza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que vigila que las políticas económicas favorezcan sus intereses. Garza Rangel se desempeña desde 2021 como directora senior institucional de Ternium México, una transnacional con sede en Luxemburgo que consiguió millones de dólares en contratos gubernamentales durante el gobierno de López Obrador. Cabe recordar que en los últimos años, en Michoacán y Jalisco más de media docena de personas defensoras que habían desafiado las minas de Ternium fueron secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz responsabilizan a minera Ternium de la desaparición de los defensores en Aquila, Michoacán, crimen cometido hace dos años tras amenazas contra estos dos activistas por parte de directivos de Ternium. Y también en la Sierra de Manantlán, defender el medio ambiente y la tierra contra la minera “se paga con sangre”, advirtieron el año pasado defensores en una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal en Jalisco. Los responsabilidades de las agresiones, desapariciones y asesinatos son ArcelorMittal y Ternium, gigantes de la producción de acero, según la campaña global de 15 ONG agrupadas en la ‘Fair Steel Coalition’ (Coalición por un acero justo). Sin embargo, Ternium rechazó cualquier asociación directa o indirecta “con casos violentos… o la desaparición de personas”. Las autoridades mexicanas tienen testimonios que indican lo contrario. En el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, un halcón de un grupo del crimen organizado, Javier Puntos, confesó que los dos fueron levantados “porque se andaban poniendo al pedo por las minas”. Por razones poco claras, las autoridades liberaron a Puntos después de su entrevista con la policía. “Fue encontrado muerto poco después”, escribe Max de Haldevang, en su reportaje para el Proyecto de Investigación sobre Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés). ¿Quién es Judith Garza, la mujer que comandará al ‘Cuarto de Junto’ contra Trump? (Milenio) | Desaparecen a defensores de Aquila tras amenaza de minera y persecuciones, acusan comuneros (A dónde van los desaparecidos) | La responsabilidad de la minera Ternium en la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz (Península 360) | Asesinatos y degradación ambiental: el costo de la industria del acero en México (Radio France Internacional) | México debe esclarecer la suerte y el paradero de los defensores de los derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz y las empresas deben colaborar: Expertos de la ONU | Antecedentes La Minuta Cárteles silencian a opositores mineros: Dos años de la desaparición de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes | Foto Global Rights Advocacy |
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EDUCA Es un organismo sin fines lucrativos que impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas, además promueve la justicia, la equidad y la participación social para lograr elevar la calidad de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca. | |
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