CIUDAD DE MÉXICO — En un duro pronunciamiento que sacude el tablero político nacional, el partido Democracia Plena, encabezado por su dirigente Raymundo Rivera Lopeztiana, denunció formalmente lo que calificó como una "traición a la patria" por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
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La acusación surge tras revelarse la presunta operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio estatal, acción realizada sin el consentimiento ni la supervisión del Senado de la República.
Soberanía vs. Cooperación: La línea roja
El posicionamiento de la organización, que cuenta con aprobación de organismos internacionales, establece una distinción tajante entre la necesaria lucha contra el crimen organizado y la injerencia de agencias extranjeras en tareas de seguridad nacional.
"Una cosa es actuar con firmeza contra el crimen en el territorio y otra, muy diferente, es colaborar con agencias extranjeras poniendo en riesgo la seguridad nacional", sentenció Rivera Lopeztiana.
Para Democracia Plena, el permitir operativos de inteligencia externa sin el debido proceso no solo vulnera la Constitución, sino que compromete la integridad estratégica del Estado mexicano.
El Senado, ignorado en la ecuación de seguridad
Uno de los puntos más críticos señalados es la opacidad con la que se ha manejado el vínculo entre el gobierno de Chihuahua y los agentes estadounidenses. Según el comunicado, esta relación operativa se gestó "a espaldas" del Senado, órgano que por ley tiene la facultad exclusiva de supervisar la política exterior y los convenios de seguridad internacional.
Exigencia de rendición de cuentas
Rivera Lopeztiana, quien ha forjado alianzas estratégicas con bloques internacionales, hizo un llamado a las autoridades federales para que inicien una investigación exhaustiva.
"No se puede defender la soberanía de México en foros internacionales si permitimos que, en casa, se abran las puertas a intereses que históricamente han sido ajenos a la paz de nuestra nación", señala el documento.
Hasta el momento, la gobernadora María Eugenia Campos solo se ha limitado a divagar sin emitir una respuesta oficial ante estos señalamientos que ponen bajo la lupa la transparencia de su estrategia de seguridad y su respeto al pacto federal.