Israel obliga a los gazatíes a huir una vez más en medio de una nueva campaña genocida

¿No puede ver correctamente este e-mail? Haga click aquí.

Boletín de noticias
Jueves 20 de marzo de 2025

Los Titulares de Hoy

Baje el audio (Disponible alrededor de las 17:00 ET. Si el link del audio no funciona, visita nuestra web)

 

El Resto de la Hora de Democracy Now!


Criminalización de la disidencia: ordenan a Greenpeace pagar 667 millones de dólares a la empresa Enery Trasnfer por las acciones contra la construcción de su oleoducto Dakota Access

En el estado de Dakota del Norte un jurado ha ordenado a la organización Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares en calidad de daños y perjuicios en un juicio por difamación iniciado por la empresa Energy Transfer Partners, encargada de la construcción del oleoducto Dakota Access. La empresa, cuya sede central está en Texas, acusó a Greenpeace de promover acciones criminales al proporcionar capacitación y financiamiento para las manifestaciones lideradas por comunidades indígenas en Standing Rock. Greenpeace, junto a otras organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales y activistas, argumentó que esta demanda judicial es parte de un evidente plan de las corporaciones para destruir el derecho a la libertad de expresión. El abogado ambientalista y de derechos humanos Steven Donziger, quien formó parte del equipo independiente de observación que monitoreó el juicio, señala que éste se realizó deliberadamente en una región del país que tiene profundos vínculos con la industria de los combustibles fósiles. Además, Donziger señala que la mayoría de los miembros del jurado estaban conectados de alguna manera con dicho sector y tenían una "predisposición" a fallar a favor de la empresa Energy Transfer a pesar de la “narrativa falaz” presentada en el juicio. Greenpeace planea apelar el fallo. Más...


"Asesinando la verdad": David Enrich analiza la campaña de la derecha para silenciar al periodismo y proteger a los poderosos

Nos acompaña el editor del área de empresas y negocios del periódico The New York Times, David Enrich, para hablar sobre su libro "Murder the Truth: Fear, the First Amendment, and a Secret Campaign to Protect the Powerful" (Asesinando la verdad: el miedo, la Primera Enmienda y una campaña secreta para proteger a los poderosos), recientemente publicado. El libro analiza la campaña que están llevando a cabo los sectores más ricos y poderosos de Estados Unidos para revocar un fallo histórico de la Corte Suprema, conocido como "New York Times contra Sullivan" que, en 1964, estableció protecciones fundamentales en el sistema jurídico de Estados Unidos contra los juicios espurios por calumnias y difamación. Quienes pueden permitirse el lujo de pagar las costosas y amenazantes demandas judiciales por difamación tienen el poder de silenciar cualquier tipo de crítica pública en su contra y logran suprimir los derechos de otras personas a la libertad de expresión, al "someterlas a este proceso legal tortuoso, prolongado y extremadamente costoso", señala Enrich y añade que esto "tiene implicancias enormes para nuestra democracia y para el derecho de cada persona a decir lo que piensa". Más...


"Desaparecido": El Gobierno de EE.UU. envía a un solicitante de asilo LGBTQ venezolano a la versión salvadoreña de la prisión de Guantánamo

En Estados Unidos, continúa la batalla judicial entre el Gobierno de Trump y un juez federal con respecto a si el presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para expulsar a más de 130 inmigrantes de Estados Unidos y trasladarlos a una "mega prisión" en El Salvador en base a la acusación de que son miembros de un grupo criminal venezolano. Hablamos del tema con la abogada Margaret Cargioli, quien representa a uno de estos 130 hombres, un solicitante de asilo LGBTQ a quien el Servicio de Inmigración hizo desaparecer sin una orden de deportación. Cargioli plantea que la expulsión unilateral de los solicitantes de asilo es "extremadamente inusual y preocupante". También señala que su representado "no fue deportado, fue trasladado ilegalmente" y su desaparición no solo pone en riesgo su proceso para obtener el asilo político, sino también su vida. La CECOT, la prisión en El Salvador a la que fueron enviados los ciudadanos venezolanos, es tristemente célebre por las torturas y otras violaciones de los derechos humanos que allí se cometen. Además, el Gobierno autoritario de Nayib Bukele viene implementando una duradera suspensión del derecho al debido proceso en El Salvador. También conversamos con Juan Pappier, quien ha investigado el sistema penitenciario salvadoreño para la organización Human Rights Watch y dice que "a las personas que son enviadas a CECOT nunca se les permitirá salir". Más...