Amy Goodman y Denis Moynihan El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, odia a la prensa quizás tanto como la ama. Desde su incursión en la política electoral, en 2015, su afán por figurar en los titulares ha chocado con el periodismo crítico, que le exige rendir cuentas. Es por ello que el mandatario estadounidense ha calificado a la prensa como “enemiga del pueblo”, ha dirigido insultos a los periodistas y ha llegado incluso a incitar actos de violencia contra ellos. Actualmente, en su segundo mandato, Trump ha multiplicado estos ataques, no solo contra los medios de comunicación que informan sobre sus abusos de poder, sino también contra la propia existencia de una prensa libre.
En un evento realizado el 14 de marzo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, frente a una numerosa audiencia, Trump pronunció uno de sus discursos más inquietantes. Aunque se supone que ese departamento actúa con independencia, el errático discurso que Trump pronunció en esa ocasión fue básicamente una hoja de ruta dirigida a los fiscales federales y los agentes del FBI allí reunidos, a quienes instruyó a emprender una campaña de represalia contra quienes él considera sus enemigos políticos, incluida la prensa. En un fragmento de su discurso, Trump afirmó:
“Creo que [las cadenas] CNN y MSDNC, que escriben, literalmente, un 97,6% de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata. En mi opinión, son ilegales y realmente corruptas. Lo que hacen es ilegal”.
Aunque es probable que Trump nunca haya leído la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, seguramente la mayoría de los presentes en el evento sí lo había hecho. Entre otras cosas, la Primera Enmienda establece que el Congreso “no promulgará ninguna ley […] que coarte la libertad de expresión o de prensa”. De hecho, el periodismo es una de las pocas profesiones que la Constitución estadounidense protege de forma expresa.
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