Amy Goodman y Denis Moynihan La deriva autoritaria en Estados Unidos se aceleró el 9 de mayo cuando el Gobierno de Trump arrestó a otro funcionario elegido por el voto popular. Ras Baraka, el alcalde de Newark, la ciudad más grande del estado de Nueva Jersey, estaba acompañando a una delegación del Congreso estadounidense que iba a inspeccionar Delaney Hall, una prisión privada, propiedad del GEO Group, donde funciona un centro de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos operado por la propia compañía. La delegación estaba integrada por Bonnie Watson Coleman, LaMonica McIver y Rob Menéndez, Jr., congresistas demócratas que representan distritos que incluyen o están cerca de Newark. Los legisladores concurrieron a esa cárcel para migrantes —la más grande de la costa este de Estados Unidos— para llevar a cabo una visita de supervisión legalmente autorizada.
Los legisladores y el alcalde fueron autorizados a atravesar la valla de ingreso al predio carcelario, donde debieron aguardar durante más de una hora. Tras ese lapso de espera, el alcalde Baraka recibió la orden de retirarse de allí, y así lo hizo: abandonó el predio y se quedó del lado de afuera de la valla, en un área pública. El posterior e injustificado arresto de Baraka constituyó un impactante abuso de autoridad por parte de la policía federal y otro ejemplo claro de cómo el presidente Donald Trump y sus colaboradores intentan concentrar el poder público y aplastar la disidencia.
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