Amy Goodman y Denis Moynihan El juez federal William Young, del Distrito de Massachusetts, fue designado por el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan y se ha desempeñado en ese cargo con sede en la ciudad de Boston durante 47 años. En junio pasado, el magistrado recibió una postal amenazante, escrita a mano y en letras mayúsculas, con el mensaje ”TRUMP TIENE INDULTOS Y TANQUES… ¿USTED QUÉ TIENE?”. La fecha en que Young recibió la postal, el 19 de junio, es significativa, ya que fue solo cinco días después del ostentoso desfile militar que Trump organizó para sí mismo en la ciudad de Washington D.C., en coincidencia con su propio cumpleaños y con el aniversario de la creación del Ejército de Estados Unidos, pagado con fondos públicos. El desfile no fue mucho más que una exhibición de varias horas de duración en la que pasaba un tanque tras otro frente a una tribuna instalada para la ocasión, desde donde Trump presenciaba el acto junto a sus colaboradores más cercanos.
En el encabezado de un dictamen que emitió esta semana, el juez Young incluyó una imagen de esa postal, junto con un mensaje para la persona que la envió:
“Estimado señor o señora anónimo:
Yo solo, cuento únicamente con mi sentido del deber. Pero juntos, el pueblo de Estados Unidos —usted y yo— contamos con nuestra magnífica Constitución. Y así es como se aplica en un caso concreto”.
Lo que le sigue a este mensaje es una dura y demoledora reprimenda de 161 páginas al ataque del Gobierno de Trump contra la libertad de expresión.
En la demanda —interpuesta por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones académicas— se afirma que el Gobierno ha criminalizado “cualquier expresión en apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino o que critique las acciones militares de Israel en Gaza” y que ha estado persiguiendo a estudiantes y académicos extranjeros propalestinos con el fin de deportarlos.
Al dictaminar a favor de los demandantes, Young escribió:
“Este caso —quizás el más relevante que haya caído dentro de la jurisdicción de este tribunal de distrito— plantea de manera clara la cuestión de si las personas no ciudadanas que residen legalmente aquí, en Estados Unidos, tienen, de hecho, los mismos derechos de libertad de expresión que el resto de nosotros. El tribunal responde a este planteo de orden constitucional de manera inequívoca: 'Sí, los tienen'”.
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