Como investigador de crimen organizado, he cubierto todo tipo de historias. Pero ninguna me sorprendió tanto como la detención, extradición y condena por narcotráfico del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, un antiguo aliado incondicional de Estados Unidos al que los fiscales estadounidenses acusaron de convertir su país en un "narcoestado".
Pero su fortuna dio un giro inesperado esta semana. El 1 de diciembre, Hernández salió libre tras haber cumplido menos de dos años de una sentencia de 45, gracias a un indulto presidencial otorgado por Donald Trump. La decisión era sorprendente por sí sola, pero lo que más me llamó la atención fue lo que revelaba sobre las contradicciones de la "guerra contra las drogas" en América Latina.
En esta supuesta "guerra", no todos reciben el mismo trato.
Mientras el expresidente hondureño obtuvo un perdón por su participación en el tráfico de cocaína, el presidente de Venezuela enfrenta la amenaza de una intervención militar estadounidense por acusaciones similares.
Luego apareció el caso del líder de la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa, acusado de inundar Estados Unidos con fentanilo ilícito, quien esta semana llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses con la esperanza de recibir una condena más baja. Mientras tanto, pescadores pobres que pilotean embarcaciones sospechosas de transportar droga siguen siendo asesinados por ataques con drones estadounidenses sin ningún tipo de garantías procesales.
Las políticas antidrogas de Estados Unidos en América Latina siempre han estado marcadas por la tensión entre estrategias de seguridad coherentes e intereses políticos. Pero hoy, la cooperación multilateral en materia de seguridad que ha sostenido estos esfuerzos parece estar en riesgo de colapsar, a medida que las contradicciones internas socavan la credibilidad estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Siga de cerca nuestro cubrimiento y evolución de las diferentes formas que ha adquirido la lucha contra el crimen organizado en la región.
