La historia del secuestro de 10 mineros que trabajaban para la empresa Vizsla Silver en el estado de Sinaloa, México, hace tres semanas, dio un giro tristemente predecible: el hallazgo de los restos de al menos cinco de las víctimas en una fosa clandestina.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó que la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa confundió a los mineros con integrantes de un grupo rival, pero esa versión fue desmentida por las familias de las víctimas.
Luego de muchos años cubriendo el crimen organizado en México, esta no es la primera vez que un relato oficial no encaja con las realidades criminales que hemos llegado a entender desde el terreno. Dudas similares también rodearon la explicación del Gobierno sobre lo ocurrido en el caso de Ayotzinapa, aún sin resolver, donde 43 estudiantes de una escuela normal rural en el sur de México fueron desaparecidos en 2014.
Las facciones del Cartel de Sinaloa están involucradas en una amplia gama de actividades criminales, incluida la minería ilegal. Fuentes locales nos han dicho desde hace tiempo que extorsionan y amenazan a los trabajadores mineros, o que operan sus propias minas ilegales para lavar dinero. Y es poco probable que los secuestradores se hayan equivocado respecto a quiénes eran sus objetivos.
La narrativa oficial en el contexto de la guerra contra las drogas que lleva 20 años en México, con frecuencia, ha sido que la mayoría de los afectados están de alguna manera vinculados al crimen organizado. Pero nuestras investigaciones muestran que cientos de civiles inocentes, como los diez mineros, han sido asesinados o desaparecidos, lo que representa un costo humano devastador.
