Esta semana, InSight Crime publicó su balance anual de homicidios, el punto culminante de todo un año de trabajo en equipo recopilando datos, elaborando análisis y produciendo gráficos para trazar el panorama. La publicación me hizo reflexionar sobre los muchos viajes de reportería que he hecho por México, las historias que me han contado las víctimas del crimen organizado y cómo los datos de homicidios son solo una fracción del panorama de seguridad.
Para la madre que conocí en el estado de Sinaloa el año pasado, escarbando entre el polvo y la tierra en busca de rastros de su hijo desaparecido como parte de los esfuerzos civiles por localizar a las personas desaparecidas en México, una caída en los homicidios no llena el vacío que dejó su ausencia. Tampoco ayuda a volver a casa y retomar su vida a la familia que conocí en el desierto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que huyó de las extorsiones y las amenazas de muerte en Veracruz.
El panorama de seguridad en Latinoamérica y el Caribe es complejo y está en constante evolución. Tendencias como las incontables familias desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia, las trabajadoras sexuales y los dueños de negocios víctimas de extorsión en Perú, y el creciente número de jóvenes reclutados por grupos de crimen organizado no se resuelven con la caída de las tasas de homicidios.
Y si bien las tasas de homicidios son un indicador útil, la recopilación de datos se ve complicada por la falta de información confiable de algunos gobiernos, así como por las distintas metodologías que se utilizan en la región.
