Ciudad de México, 5 de agosto de 2026
A cinco años de haber iniciado un conflicto laboral que dejó en la precarización a decenas de académicos en todo el país, docentes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) denunciaron que, a pesar de haber obtenido la razón jurídica en los tribunales, las resoluciones judiciales continúan sin cumplirse.
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Ciudad de México, integrantes de la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las UBBJ y su representación legal presentaron documentos oficiales que acreditan los fallos favorables emitidos por el Poder Judicial Federal, señalando directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 11 (JFCA 11) para retrasar de manera sistemática la ejecución de los laudos.
El fondo del litigio: De "becarios" a la simulación laboral
El conflicto se remonta al año 2021, cuando decenas de profesores y académicos fueron separados de sus funciones en 27 sedes de las UBBJ sin recibir indemnización alguna. En su momento, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ), encabezado por la doctora Raquel de la Luz Sosa Elízaga, se negó a reconocer la relación laboral bajo el argumento de que los docentes eran meros "beneficiarios de un programa social" mediante convenios de colaboración y becas.
Sin embargo, tras años de litigio, cinco Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito (el Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto) desmantelaron dicha coartada institucional. Las sentencias determinaron de forma firme que sí existe una relación de trabajo en los términos del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución, ordenando la reinstalación de los afectados, el pago de salarios caídos y el reconocimiento de su antigüedad.
Obstáculos procesales y desacato institucionalPese a contar con laudos firmes y ejecutorias de amparo —como lo acreditan expedientes de la Junta Especial Número Once (tales como el juicio laboral 70/2021 y amparos vinculados)—, la justicia efectiva sigue bloqueada.
De acuerdo con la representación legal de la Coalición, encabezada por el abogado Juan de Dios Hernández Monge, la JFCA 11 ha incurrido en omisiones procesales al retrasar las notificaciones en tiempo y forma al OCUBBJ. Esta situación ha sido aprovechada por la directiva de las universidades para interponer nuevos recursos y demandas de amparo (como el expediente 783/2021 promovido recientemente en mayo de 2026), en una estrategia calificada por los afectados como un intento deliberado de dilatar el cumplimiento de las sentencias.
> "Cuando una sentencia favorable permanece sin ejecutarse, el acceso a la justicia continúa siendo incompleto", advirtió el licenciado Hernández Monge durante el encuentro con medios.>
Un precedente nacional para el sector público
Más allá del caso específico de las UBBJ, la Coalición destacó que los criterios alcanzados en este proceso representan una parteaguas jurídicas para las y los trabajadores del Estado en México.
Específicamente, se destacó la aplicación del criterio con registro digital 2031242 (emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado), el cual establece que la existencia de una relación laboral depende de las condiciones reales en que se presta el servicio y no de la figura jurídica o contractual utilizada para simular la contratación (como honorarios, subsidios o becas). Este principio establece jurisprudencia por reiteración para defender a millas de empleados públicos precarizados bajo esquemas similares de subordinación.
El costo humano de los dilatadores judicialesDetrás de los expedientes y las resoluciones se encuentra el desgaste humano de más de 40 docentes —en su mayoría con estudios de posgrado— que debieron abandonar sus lugares de residencia desde 2019 y enfrentar una severa vulnerabilidad económica.
El impacto de la prolongación judicial cobró además una dimensión trágica: el profesor Amador Hernández, adscrito a la sede de la UBBJ en San Fernando, Tamaulipas, falleció durante el proceso legal. La Coalición confirmó que la lucha jurídica sigue firme para que sea su familia la beneficiaria directa de la ejecución del laudo.
Exigencia final
Ante este panorama, la Coalición hizo un llamado urgente a las autoridades federales competentes para garantizar el cumplimiento irrestricto de las resoluciones judiciales, frenar las tácticas dilatorias institucionales y restituir plenamente los derechos laborales de los académicos afectados. Los documentos probatorios, laudos y el estado actual de los juicios fueron puestos a disposición pública de los medios de comunicación para su consulta.