Amy Goodman y Denis Moynihan Han pasado 20 años desde que el huracán Katrina tocó tierra en Nueva Orleans —el 29 de agosto de 2005—, provocando el colapso de los diques que protegían la ciudad y desatando una destrucción sin precedentes. Se trató de uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de Estados Unidos, que dejó más de 1.800 muertos, en su mayoría residentes de bajos recursos de los históricos barrios negros de Nueva Orleans. El Katrina fue también el desastre natural más costoso de Estados Unidos: causó daños por más de 160.000 millones de dólares. Las inundaciones letales provocadas por el huracán retrocedieron hace tiempo, pero —en medio de la profundización del cambio climático— las vitales lecciones que dejó la catástrofe siguen sin aprenderse. De hecho, el presidente Donald Trump, al desdeñar los peligros concretos a los que nos enfrentamos, parece estar invitando al desastre de manera deliberada.
Un ejemplo de ello es la arremetida del mandatario estadounidense contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). En una declaración publicada en mayo por la Casa Blanca, la FEMA fue incluida junto a otras agencias federales en una lista de organismos públicos que, según el comunicado, simbolizan “la instrumentalización política corrupta del Gobierno federal”. Entre las agencias señaladas figuran la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Impuestos Internos y los Institutos Nacionales de Salud. El documento acusa a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de ser “derrochadora y 'woke'” y de implicarse en “capacitaciones oficiales orientadas a adoctrinar sobre la 'interseccionalidad' y la 'inversión en los esfuerzos de diversidad e inclusión' por encima de la prevención y respuesta a desastres, lo que culminó –según indica el documento– con la instrucción de que los equipos de ayuda no acudieran a las viviendas de los partidarios del presidente Trump tras un desastre”.
Como ocurre con la mayoría de los pronunciamientos de Trump, estas acusaciones se presentaron sin ninguna prueba.
Según el presidente estadounidense, la mayor parte de las funciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias deberían ser delegadas a los estados. Por supuesto, los huracanes y otras catástrofes naturales no reconocen fronteras estatales y ningún estado del país podría responder por sí solo a un desastre de la magnitud del huracán Katrina. La respuesta a un fenómeno natural de ese tipo requiere una acción colectiva, que movilice recursos de todo el país para salvar vidas en la región afectada, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas y reconstruir la infraestructura dañada.
Un indicio del desprecio de Trump por la FEMA fue el nombramiento de David Richardson —un ex infante de Marina sin experiencia en recuperación de desastres— como director interino de la agencia. Según trascendió, al incorporarse a la FEMA, Richardson asombró al personal al admitir que no sabía que Estados Unidos tiene una temporada de huracanes.
Recientemente, un grupo de empleados y exempleados de la FEMA hizo pública una carta, titulada “Declaración del Katrina”, que fue enviada al consejo de revisión de la agencia, creado por Trump, así como al Congreso de Estados Unidos.
La carta comienza así: “Desde enero de 2025, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha estado bajo el liderazgo de personas que no cumplen con los requisitos legales, no cuentan con la aprobación del Senado y no poseen los antecedentes requeridos para estar al frente de la agencia. Las decisiones tomadas [por David Richardson y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem] obstaculizan la rápida ejecución de nuestra misión y desestiman a personal experimentado cuyo conocimiento institucional y sus relaciones profesionales son vitales para garantizar una gestión eficaz de las emergencias”.
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