| La Minuta
Servicio diario de información y análisis con enfoque comunitario |
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|  Este martes 24 de junio, pobladores de Guerrero Grande, Oaxaca junto al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) denunciaron la tala de árboles y el cambio ilegal de uso de suelo en un área boscosa del paraje conocido como “Yoos Kivi”, ubicado en esta comunidad perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca en la mixteca oaxaqueña.
A través de un boletín de prensa, el Cedaphi junto a las autoridades de Guerrero Grande, Mier y Terán, así como la representante de beneficiarios de medidas cautelares de Ndoyonoyuji, señalaron que desde el pasado 09 de mayo, las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca ingresaron maquinaria pesada para derribar árboles de gran tamaño en un perímetro de aproximadamente dos hectáreas, donde los habitantes en reiteradas horas del día han escuchado detonaciones de arma de fuego. Esta situación ha elevado la tensión en el municipio de Atlatlahuca y han alertado sobre un posible enfrentamiento si las autoridades federales como, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR) no intervienen de manera inmediata en este conflicto que lleva más de un mes siendo denunciado. “Cabe referir que debido a esta situación existe una situación de inseguridad para los beneficiarios de medidas cautelares, por lo que se vive una situación de zozobra y miedo” y exigen acciones urgentes que garanticen la vida e integridad de los beneficiaron de la comunidad de Guerrero Grande, apuntaron. Los hechos recientes se suman a una serie de agresiones documentadas desde octubre de 2021, cuando un grupo armado vinculado con autoridades municipales quemó más de cien viviendas en Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, lo que provocó el desplazamiento forzado de 25 familias. Estos ataques están registrados en la carpeta de investigación número 35033/FMIX/TLAXIACO/2021. De estos hechos violentos, personas como Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios siguen desaparecidos. A raíz de estos acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares (MC-1050-21) para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de ambas comunidades. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que el Estado Mexicano no ha cumplido a cabalidad con las obligaciones asumidas, y que incluso ha favorecido con vivienda a personas señaladas como agresores. La Cedhapi, agrega que las familias desplazadas de estos ataques armados, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de manera sistemática, “el Estado mexicano a través de representantes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, han intervenido de manera parcial; Y, hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quemas de casas”. Boletín de prensa Desmonte y cambio de uso de suelo en área boscosa del paraje “Yoos Kivi” de la comunidad de Guerrero Grande, Atatlahuca. Riesgo de enfrentamiento en la zona por falta de intervención de las autoridades Federales y Estatales | El Universal Denuncian desmonte y tala de árboles en Guerrero Grande, Atatlahuca; prevén violencia nuevamente en la zona |Antecedentes La Minuta Se reaviva conflicto en San Esteban Atatlahuca, acusan incursión armada en Guerrero Grande | Denuncian al gobierno mexicano ante olvido de familias mixtecas desplazadas en Atatlahuca Oaxaca |
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|  Durante la transmisión en redes sociales de la mesa de análisis de periodistas oaxaqueños “El Bloque”, se examinó el caso más reciente de Juchitán de Zaragoza y la crisis de seguridad en dicho municipio: “Al menos seis policías municipales de Juchitán fueron detenidos en la Operación Sable por su relación con actividades ilícitas. El resto de la corporación está siendo investigada. Con este operativo el municipio de Juchitán se suma a la policía de Huatulco, también vinculada e investigada por presuntos nexos con el crimen organizado”.
El periodista, Juan Carlos Zavala del medio de comunicación Estado 20, se planteó la pregunta: “Pero, ¿por qué Juchitán? Y esto no es algo que invente yo, es algo que el mismo fiscal ha reconocido y lo expresado públicamente y lo ha hecho ante los medios de comunicación; este Operativo Sable no era para garantizar la seguridad de la población, era garantizar la seguridad del Corredor Interoceánico, ese es el objetivo, está en sus comunicados”. En conferencia de prensa el pasado mes de abril, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que esta operación inició a mediados de febrero de 2025 y participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad Pública estatal y federal. El objetivo, dijo en aquel entonces, “es garantizar la seguridad del Corredor Interoceánico del Gobierno federal en los 46 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec en donde este proyecto tiene incidencia; aunque las acciones se han concentrado en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y Matías Romero Avendaño, en los que hay mayor incidencia delictiva”. Por su parte, el periodista Antonio Mundaca del Muro Mx, abundó: “Cuando se menciona la palabra ‘inversiones’, queda claro que el operativo no es para cuidar a la ciudadanía, desde hace más de diez años la gente sabe que Juchitán es un foco rojo y en este momento cuando los intereses económicos son muy importantes y están amenazados es cuando cae la espada y el sable”. En ese contexto, los periodistas destacaron las contradicciones de los políticos originarios de la región que protestaron defendiendo al gobierno municipal, protestas que no han hecho por la ola de violencia, desapariciones, asesinato de defensores y quema de negocios por presunto cobro de piso. En la mesa de análisis participaron los periodistas Pedro Matías, Miguel Ángel Maya, Juan Carlos Zavala y Antonio Mundaca. En el primer link podrás ver esta interesante mesa. Programa El Bloque de El Muro Mx Mesa de Análisis | Juan Carlos Zavala Operación Sable, para garantizar la seguridad del proyecto Transístmico en Oaxaca, lleva 37 detenciones | Rocío Flores Detienen a director del C2 de Juchitán, Oaxaca – OM | Comunicado Tras Operación Sable, Seguridad Pública de Juchitán queda a cargo de la Policía Estatal de la SSPC, con apoyo de la DEFENSA, SEMAR y Guardia Nacional: Fiscalía de Oaxaca | Fotografía El Muro Mx |
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|  La Minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, empresa de la multimillonaria familia Baillères, se amparó ante una sentencia que le obliga a pagar 13 mil 327 millones 854 mil 806 pesos a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora, por todo el oro que extrajeron ilegalmente de su territorio.
Los multimillonarios que buscan evadir esta deuda, se ampararon luego de que el 6 de mayo, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, Alejandrina Gámez Rey, ordenara la ejecución de 67 sentencias que pesan sobre la minera. Tras promover el amparo un juez concedió una suspensión provisional mientras se resuelve el próximo 3 de julio en la audiencia constitucional donde se presentan pruebas y alegatos par que el juez dicte sentencia definitiva sobre el caso. La ejecución de las sentencias llegó después de que el Tribunal ordenara un peritaje para calcular el daño que la minera ocasionó a los ejidatarios y su territorio. El peritaje, elaborador por Jesús Ramón Moya Grijalba (perito en minería) y Juan Valenzuela Palacios (perito en valuación), determinó que la minera debe pagar a los ejidatarios la suma de 13 mil 258 millones 667 mil pesos por la extracción ilegal de oro que la minera hizo en las tierras ejidales de 2005 a 2013. En la investigación del portal Pie de Página, se señala que en el amparo promovido, la minera argumenta que la admisión del peritaje violó los principios de acceso a la justicia y sus derechos humanos. Específicamente, el argumento de la minera es que la resolución del Tribunal Agrario carece de fundamentación y motivación adecuadas, y la califican de “dogmática”, “inmotivada” e “incongruente”, lo cual, según sus argumentos, vulnera los derechos humanos y la garantía de seguridad jurídica. La suspensión solo mantiene las cosas en el estado en que están mientras se resuelve el fondo del amparo, pero la sentencia interlocutoria es «categórica y contundente», algo que la empresa ha negado ante sus accionistas en el Reino Unido, donde cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, como lo expusieron los ejidatarios durante la asamblea anual de accionistas que la minera celebró a finales de mayo en el país europeo. “La minera ha estado negando la existencia de la sentencia y el peritaje a sus inversionistas en la Bolsa de Valores de Londres, lo cual, es una forma de operar en lo oscurito para evitar que su deuda salga a la luz”, señaló en entrevista Sergio García Camacho, abogado de ejidatarios de El Bajío. Pie de página Multimillonarios en la mira: minera de la familia Baillères se ampara para no pagar deuda millonaria | Minera de la familia Baillères oculta deuda millonaria a inversionistas en Londres | Antecedentes La Minuta Ejidatarios encaran a los Baillères en Londres, denuncian simulación en el caso del ejido El Bajío | Minera Equinox Gold destruye ejido Carrizalillo y desafía al Estado Mexicano; habitantes continúan en paro | Actitud servil de Ebrard hacia la industria minera: Cambiémosla Ya |
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|  Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron anoche la iniciativa presidencial que regula la reforma constitucional que devuelve a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y el mando de la Guardia Nacional.
Con la nueva Ley de la Guardia Nacional –que se avaló con 354 votos en favor y 124 en contra, y que se envió al Senado para su revisión– se dan a la corporación atribuciones en materia de inteligencia, intervención de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos bajo autorización judicial, así como para realizar operativos encubiertos. El debate de casi nueve horas en el pleno se desarrolló entre el discurso machacón de la oposición que acusó militarización, y el argumento de la mayoría respecto de que, si bien el secretario de la Defensa tendrá el mando de la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad seguirá en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En un intercambio que se tornó ríspido, los dos bloques en que se divide la Cámara se culparon mutuamente de las fallidas estrategias de combate a la delincuencia, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se creó la extinta Policía Federal Preventiva, la guerra de Felipe Calderón contra el narco, y la política de abrazos y no balazos del sexenio pasado. La mayoría sólo aceptó tres modificaciones al dictamen: que la Guardia Nacional también combata la tala ilegal de bosques, el tráfico de especies o la contaminación de ecosistemas; precisar que el mando de las coordinaciones territoriales y estatales podrá estar a cargo de una persona capacitada en materia de seguridad pública, y no únicamente un general de división como preveía la iniciativa, y que la educación de los guardias se orientará a la seguridad pública, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Para PRI y PAN, la Ley de la Guardia Nacional, así como las reformas a la legislación orgánica de la administración pública y a ocho normativas y códigos relacionados con el Ejército, configura un modelo que permitirá al gobierno contar con un brazo represor para censurar y espiar a críticos, periodistas y la sociedad civil. Panistas y priístas afirmaron que la Guardia Nacional podrá incluso realizar el seguimiento de las personas a través del GPS de sus teléfonos, en una medida que según Paulo Gonzalo Martínez, del blanquiazul, autoriza el espionaje masivo. A la insistencia de la militarización, diputados de Morena y PT retaron a los gobiernos del PAN a no solicitar el apoyo de la Guardia Nacional. Desprecian al Ejército en el Congreso, pero imploran su presencia en los estados, insistió Mejía. El panista Héctor Saúl Téllez sostuvo que la protección de la Guardia Nacional en los estados es un derecho, como sucedió en el gobierno de Calderón, cuando Lázaro Cárdenas pidió el auxilio inmediato para apaciguar Michoacán. Enrique Méndez y Néstor Núñez La Jornada – Aprueban diputados Ley de la Guardia Nacional | EFE Guardia Nacional será dirigida por la Sedena: aprueban nueva ley en Cámara de Diputados – Alto Nivel | Carina García Diputados aprueban en lo general la nueva ley de la Guardia Nacional |Centro Pro Informe Guardia Nacional | Fotografía José Luis González/Reuters |
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|  Aquellos grupos de buscadores que decidieron no atender las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SG) para nutrir la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de desaparición propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora piden al Congreso de la Unión un parlamento abierto al rechazar las modificaciones. El 23 de junio se presentó la iniciativa con sus modificaciones ante el Congreso de la Unión.
En un pronunciamiento, los inconformes señalaron que a su parecer la iniciativa tiene como objetivo “imponer un sistema de vigilancia masiva (la Plataforma Única de Identidad) que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+ y la Unión y Red Nacional de Búsqueda, que sí participaron en las mesas de trabajo, reconocieron la necesidad de sumar otras voces, luego de que un grupo de 178 familiares manifestó su rechazo a la iniciativa aún con las modificaciones acordadas con las citadas plataformas, por lo que se sumaron a las exigencias de que el Poder Legislativo debe convocar al Parlamento Abierto para garantizar la posibilidad de participación amplia de las familias, colectivos y redes en el diálogo sobre las propuestas de reformas a la Ley. En mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno de México, quien señaló mediante una consulta que de este 2025 suman un total de 5 mil 765 denuncias por hombres y mujeres no localizados. De acuerdo con las cifras oficiales mostradas por las mismas instituciones de gobierno, de los 12 mil 134 casos de personas desaparecidas, se han logrado localizar a 6 mil 369, de los cuales 391 fueron encontradas sin vida. Entre las entidades del país con más denuncias por personas desaparecidas destaca el Estado de México (Edomex), con 834 que se mantienen en calidad de desaparecidas. Comunicado Reiteramos nuestro rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de personas desaparecidas (Red Regional de Familias Migrantes, Facebook) | Poder Legislativo debe implementar Parlamento Abierto para enriquecer las reformas presentadas por la Presidenta y escuchar a la diversidad de familias (X, MNDM) | Demandan parlamento abierto para discutir reforma sobre desaparecidos (La Jornada) | Esta es la entidad del país donde se registran más desapariciones en 2025; la mayoría son jóvenes (ADN) | Antecedentes La Minuta Tras desaparición de padre buscador en Guanajuato, exigen su búsqueda y protección para familias buscadoras Foto Desapariciones en México, la indiferencia y la imposibilidad de acción del sistema internacional de derechos humanos (A dónde van los desaparecidos) |
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|  Aunque parezca del pasado, hoy el exilio político en Centroamérica es una realidad. Recientemente, ante la criminalización de la lucha social en Panamá, lideres sindicalistas tenían que refugiarse en las embajadas de Colombia y Nicaragua. Y en las últimas semanas, al menos 40 reporteros y activistas de El Salvador abandonaron su país por ejercer su trabajo, como documento la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Las organizaciones DK Akademie America Latina y Casa Centroamérica extienden la invitación al conversatorio “¿Cómo se está relatando el exilio en Centroamérica?”. En este evento, tres periodistas en desplazamiento, originarios de países de Centroamérica, reflexionarán sobre cómo se puede relatar el exilio, así como nuevas formas de visibilizar estas realidades. También se platicará en torno a “La mochila invisible”, una publicación que analiza el caso de varias periodistas exiliadas de El Salvador, Guatemala y Honduras. El conversatorio se llevará a cabo el 25 de junio a las 18:30 horas en Casa Centroamérica, en la calle Magdalena 133, col. Del Valle Norte, Ciudad de México. Conversatorio: “¿Cómo se está relatando el exilio en Centroamérica?” |
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EDUCA Es un organismo sin fines lucrativos que impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas, además promueve la justicia, la equidad y la participación social para lograr elevar la calidad de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca. | |
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