Mientras mucha gente se prepara para enfrentar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, recordemos que hasta el lunes 20 de enero Joe Biden sigue siendo el presidente de Estados Unidos, con todo el poder que eso confiere. La Constitución del país otorga al presidente la “facultad de conceder indultos y perdones por delitos cometidos contra Estados Unidos”, para paliar, de esa manera, un sistema de justicia penal plagado de fallas. Un firme candidato para recibir el indulto presidencial, como lo pidió recientemente Amnistía Internacional Estados Unidos, es Leonard Peltier, un activista indígena de las tribus Anishinaabe y Lakota de 80 años de edad que ha estado encarcelado durante casi medio siglo por un crimen que él sostiene no haber cometido. Este fin de semana de Acción de Gracias, en el que la población de Estados Unidos celebra una festividad basada en el mito de una comida compartida entre los indígenas nativos de Massachusetts y los colonos ingleses que luego los desplazarían de manera violenta, el presidente Biden debería liberar a Leonard Peltier.
El caso de Peltier condensa la era moderna de la resistencia indígena. Tras varios siglos de genocidio, iniciado por Cristóbal Colón y perpetuado por sucesivas oleadas de colonos europeos, para la década de 1950 la mayoría de los pueblos indígenas de América del Norte que lograron sobrevivir habían sido confinados en reservas, en condiciones de pobreza y aislamiento. La industria cinematográfica de Hollywood se apropió del rico y vibrante mosaico cultural de los pueblos indígenas de Estados Unidos, lo redujo a una mera caricatura y lo explotó monetariamente. Muchos indígenas se mudaron a las ciudades en busca de oportunidades económicas, pero siguieron enfrentando racismo y discriminación. En este contexto, y en pleno auge del movimiento por los derechos civiles y la fuerte movilización social de la década de 1960, nació el Movimiento Indígena Estadounidense (AIM, por sus siglas en inglés).
En 1973, este movimiento llegó a Pine Ridge, una reserva indígena en el estado de Dakota del Sur, donde un gobierno tribal corrupto, en connivencia con las autoridades federales y locales, estaba llevando a cabo un violento proceso de represión contra un creciente movimiento comunitario que intentaba recuperar las prácticas tradicionales e impedir que las industrias extractivas explotaran los territorios ancestrales. Más de 50 miembros de la tribu Lakota y personas aliadas de su causa fueron asesinads allí durante un período de tres años.
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